Los problemas de combustible de la locomotora minera colombiana
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Como la fuente de casi una quinta parte de las exportaciones colombianas, la minería ha sido presentada como una de las cinco grandes "locomotoras del desarrollo" en las que basó su plan económico el presidente Juan Manuel Santos.
Pero el sector minero –uno de los de mayor crecimiento en el país en la última década– ciertamente ha ido perdiendo velocidad en los últimos años.
El valor de las exportaciones de oro, carbón, níquel y otros minerales, por ejemplo, pasó de representar el 24,2% del total nacional en 2011 a "nada más" el 18,8% el año pasado.
Y a la locomotora minera colombiana tampoco le está entrando tanto combustible como antes.
"En 2013 hubo un redimensionamiento de los planes de inversión (2010 - 2015) de las empresas mineras a gran escala de -42%, pasando de US$13.400 millones a US$7.700 millones", le dijo a BBC Mundo Claudia Jiménez, directora ejecutiva de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala.
Y aunque la principal razón parece ser la caída de los precios internacionales de los principales minerales, Jiménez también mencionó "dificultades en el entorno nacional", entre las que se destacan problemas con los procesos para la obtención de licencias ambientales y con las consultas previas con las comunidades locales.
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De hecho, según la directora de la ASMGE, la "indecisión" gubernamental actualmente tiene paralizadas inversiones por el orden de los US$7.300 millones tanto para exploración como para expansión de operaciones.
"Estos desembolsos siguen pendientes de decisiones claras y contundentes… de las autoridades que tienen competencias sobre el sector", le dijo Jiménez a BBC Mundo.
Y, según sus cálculos, como consecuencia de esto el gobierno colombiano ha dejado de percibir unos US$3.800 millones en concepto de regalías e impuestos, por no hablar de los 8.000 nuevos puestos de trabajo que esas nuevas inversiones habrían creado.
Buscando un balance
No todos en el país, sin embargo, ven con malos ojos el frenazo.
"Nosotros los colombianos hoy ya no evaluamos la minería sólo por sus regalías o por sus impuestos. Lo que reclamamos es que se haga un balance global", le dijo a BBC Mundo Luis Álvaro Pardo, director de la ONG Colombia Punto Medio.
"Es decir, queremos que se haga un balance de lo ambiental, de lo social y de lo económico. Y que ahí miremos si la gran minería nos sirve o no", explicó.
Y así, mientras Jiménez les pide a las autoridades "una intervención pronta y favorable", Pardo celebra el activismo social que, según él, las ha obligado a actuar con más cuidado.
"Más que por que el gobierno sea más exigente, o por que las compañías mineras quieran hacerlo bien, lo que sí ha sido hoy más vehemente, más radical (en la búsqueda de una minería sostenible y responsable), son los movimientos sociales", dijo Pardo, poniendo como ejemplo las movilizaciones sociales que detuvieron la explotación aurífera en el páramo de Santurbán, una importante fuente de agua del departamento de Santander.
"¿Y qué ha pasado con las consultas previas? Que las comunidades indígenas en el país han aprendido de leyes, conocen los reglamentos y saben que tienen derechos", le dijo a BBC Mundo.
"Ahora son mucho más estrictas para exigir el cumplimiento de sus derechos, han aprendido a movilizarse", agregó.
Tema clave: medio ambiente
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El debate tiene muchas aristas, incluyendo también temas fiscales, la distribución de la riqueza generada por la actividad minera y su impacto sobre las comunidades locales.
Pero los debates y movilizaciones en torno al tema parecen demostrar que es sobre todo la preocupación por el impacto de la actividad minera en el medio ambiente la que ha pasado a convertirse en un tema cada vez más importante para un número creciente de colombianos.
Y sanciones como la recientemente impuesta a la gigante carbonera Drummond, que tuvo que suspender sus exportaciones del mineral por orden del ministerio del Ambiente, sugieren que el gobierno también está escuchando.
"Nos inclinamos por el desarrollo de la actividad minera, porque contribuye al crecimiento, al desarrollo y a la generación de empleo e ingresos. Pero no a cualquier precio", declaró, por ejemplo, el ministro de Minas, Amylkar Acosta, cuando se anunció la sanción en contra de Drummond, la que le costará millones al Estado colombiano.
"Primero es lo primero y ante todo está la sostenibilidad ambiental", dijo en su momento el funcionario.
Hay sin embargo quienes creen que la balanza de prioridades podría volver a cambiar luego de las próximas elecciones presidenciales.
Mientras que Jiménez insiste en que las grandes mineras que operan de forma legal no tienen problemas en cumplir con la normativa ambiental, simplemente quieren reglas estables y claras.
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"Colombia no ha sino ni es un país minero. Por tanto, su gente no conoce mayor cosa sobre la industria, su realidad en la operación, sus retos y sus beneficios", advirtió además la directora de la ASMGE.
"Y nuestro gremio está implementando una estrategia de mediano y largo plazo que aporte al debate nacional sobre cuál es la mejor manera de aprovechar sus recursos naturales, sin renunciar a la oportunidad que esto significa para las generaciones presentes pero sin hipotecar el bienestar de las generaciones futuras", aseguró.
